lunes, 3 de enero de 2011

La CUT en estado de alerta, ante la expedición del Decreto del Salario Mínimo para los trabajadores colombianos.

Queremos recordar que más de seis millones de colombianos no les aplican el salario mínimo legal, por el contrario, sus condiciones son muy precarias, les desconocen sus derechos laborales, prestacionales y el derecho a organizarse sindicalmente.Mientras que el Gobierno acude año tras año a la OIT, sustentando que hay concertación con los trabajadores en Colombia y ratifica los convenios que allí son aprobados por las partes, en la práctica en nuestro país sucede todo lo contrario. Así se demostró en la mesa de “concertación”, al no encontrar nuevamente voluntad política del gobierno y de los empleadores. Nuevamente el Gobierno va a expedir un decreto que no va a llenar las expectativas de los trabajadores, y se ampliarían las grandes diferencias en materia social. 

El Presidente de la CUT, manifestó que el incremento que declare el Gobierno ya ha sido consumido por la escalada de alzas en los artículos de la canasta familiar, los servicios públicos, los peajes, las alzas en las matrículas, etc., efectos muy grandes que van a generar más pobreza y desigualdad en nuestro país.

Invitó a la población colombiana para que bajo las protestas sociales que estarán lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores, acudan los colombianos a expresar su inconformidad.

Ni gobierno, ni empresarios tuvieron voluntad para concertar

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y la Confederación de Pensionados de Colombia CPC, concurrimos a las reuniones estipuladas en una agenda consensuada por la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, para discutir lo concerniente a la negociación del salario mínimo legal, en cumplimiento de las estipulaciones constitucionales y legales, así como los convenios 95 y 173 de la OIT.

Los pedidos de las centrales obreras y los pensionados no tuvieron la más mínima receptividad en los representantes del empresariado y el Gobierno Nacional. Ambos siguen considerando los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores una talanquera para la creación de empleos y el establecimiento de nuevas empresas y de esta manera los primeros proponen un miserable ajuste del 3% y los supuestos mediadores del Gobierno el 2.5% y reafirman el recorte salarial aprobado para los trabajadores del estado en la Ley del Presupuesto de 2011, del 2% ponderado. Además se niegan a considerar los demás puntos del petitorio.


La reactivación de nuestra economía, la creación de empleos estables y de calidad está íntimamente ligada a la protección y ensanche de nuestro mercado interno, al aumento de la capacidad de consumo de los colombianos, a la eliminación de la informalidad y el rebusque. En definitiva a la reversión del modelo neoliberal, a la prohibición de la importación de mercancías y productos que podemos elaborar en Colombia. Ni la minería, ni el petróleo, ni los agrocombustibles contribuirán a crear los empleos que el  país demanda y lo que gobierno y empresarios pretenden es que la CUT y la CPC le avalemos en la Comisión Nacional de Concertación su despropósito de ahondar en la aplicación de las políticas neoliberales.

Reafirmamos nuestras exigencias y mantendremos nuestra vocación de denunciar y organizar la protesta democrática de nuestros afiliados y de los colombianos afectados por el inequitativo modelo.

1. Reclamamos medidas que logren proteger la capacidad de compra de los trabajadores colombianos, como las siguientes:

*  Congelar los productos de la canasta básica familiar y los costos académicos en la educación.

*  Derogar el cobro de los combustibles a precios internacionales y controlar los demás insumos del transporte.

*  Congelar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, ya que estos no tienen un real control del Estado. La Procuraduría y la Defensoría, también lo han solicitado.

*  La aplicación obligatoria del salario legal a todos los trabajadores colombianos, incluidos los del área rural y con prestaciones sociales.

2. El incremento del salario mínimo legal mensual no puede ser inferior al 12%, por toda la situación de pérdida del valor adquisitivo y de capacidad de compra de los colombianos, como verdadero impulso de la reactivación económica y de ampliación del mercado interno. Tal como lo sustenta el Doctor Eduardo Sarmiento Palacio en su columna del Espectador del pasado domingo 12 de Diciembre.

3. El Gobierno debe reconsiderar el 2% fijado en el Presupuesto Nacional para los trabajadores estatales en el 2011 y devolverles el incremento salarial que corresponde a la pérdida de su salario en más de 20 años, en que se viene imponiendo dicho ajuste por debajo de la inflación causada.

4. Que el gobierno ordene el desmonte inmediato de toda forma de tercerización laboral, pues éstas desconocen los convenios de la OIT, en todo lo referente al trabajo con salarios dignos, prestaciones y seguridad social, como también los derechos de asociación sindical y contratación colectiva.

5. Teniendo en cuenta el deterioro en la calidad de vida de los pensionados en el país, solicitamos: aumentar las mesadas pensionales, teniendo en cuenta el principio de la favoralidad, es decir, aplicando lo que resulte mayor del IPC o el aumento del salario mínimo, así como la eliminación de las cuotas moderadoras y copagos, eliminar todas las barreras que trancan el acceso a la salud de los pensionados y sus familias.

6. Suspender el trámite en el Congreso de la Republica del Proyecto de ley de la regla fiscal  y sostenibilidad fiscal, el gobierno elimina la parte garantista de la Constitución Política Nacional de 1991. Igual situación se da con otras como la Ley Estatutaria de Salud, Ley de  Formalización del Trabajo, Ley de ampliación del salario integral, entre otras, que complementan las llamadas locomotoras del Gobierno de Santos, como la Gran Minería transnacional, agrocombustibles y la superestructura del transporte.

Reclamamos del gobierno nacional el cumplimiento de la Constitución y la ley, en cuanto a tramitar y acordar con los representantes de los trabajadores y pensionados, toda iniciativa que modifique las condiciones laborales y de seguridad social de los colombianos. Esta obligación legal y constitucional, de la cual el gobierno nacional se ufana ante la OIT, de estar cumpliendo, no es cierta.

CUT

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