viernes, 28 de enero de 2011

El caso de Leoncio Salvador, ¡No hay derecho !

Bogotá .- Foto web
Por: Gabriel Becerra Y.

El pasado jueves 26 de enero por iniciativa del Concejal Jaime Caycedo y  la bancada del PDA  se desarrollo un nuevo debate sobre el proyecto Ciudad Salud y sus implicaciones directas para propietarios de  barrios históricos del centro de la ciudad.

Este proyecto que hace parte de la operación estratégica del Centro (Decreto 492  de 2007) y del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004) entra en una nueva etapa de su ejecución con la adjudicación del estudio de factibilidad que hizo el pasado 24 de diciembre la Empresa de Renovación Urbana (ERU), para determinar su factibilidad técnica, de mercado, económica, financiera, social, ambiental y jurídica, en lo relacionado con el diseño de los centros de excelencia,  clúster de salud, proyecto urbano e inmobiliario y zona franca.

Si nos guiamos por el contenido del proyecto de pre factibilidad y lo que viene sucediendo con otros que se ejecutan en el sector, no hay duda que asistimos, nada más y nada menos, que a una gran operación de desalojo y desplazamiento de los habitantes históricos del sector, en beneficio del capital financiero e inmobiliario, con el sofisma de la “modernización” y la  “transformación” que oculta la ejecución de jugosos negocios privados.

Lamentablemente, todo esto ocurre con la anuencia de la Administración Distrital,  en medio de una cuestionada gestión de la ERU, el IDU y la Secretaria de Planeación, entidades  que continúan en manos de los partidos tradicionales.

Para no quedarnos en consignas generales vale la pena ir a los hechos y  resaltar lo que le esta pasando a Leoncio Salvador  de la Cruz Medina, y así ilustrar la situación de decenas de familias humildes del Centro que ya han tenido que abandonar sin solución digna sus hogares, y lo que posiblemente también ocurrirá con “Ciudad Salud”, a una parte de los habitantes históricos de los barrios San Bernardo, las Cruces, Modelo Sur, Calvo Sur, Sevilla, Policarpa, La Hortua, San Antonio y Eduardo Santos, si no se logra construir un gran movimiento social y político que haga valer sus derechos.

Resulta que hace 50 años el papá de don Leoncio, proveniente de Boyacá,  adquirió la casa que actualmente pertenece a  su hijo en el barrio Santa Bárbara y en la cual vive con sus cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. Es decir, el señor Leoncio con su familia han sido habitantes históricos del barrio y como la mayoría de sus vecinos no es un hombre acaudalado. Realmente es un vendedor ambulante de camisetas que completaba el sustento del hogar con el arriendo de algunas habitaciones en una casa de 94 metros.

A pesar que en la propaganda y los discursos oficiales de la ERU y los políticos tradicionales  que están detrás de los negocios privados, se dice que a nadie se desplazará de sus hogares y que primará la participación y la concertación con las comunidades, lo cierto es que a través de la Resolución 3095 de noviembre 22 de 2010, bajo el amparo del Decreto 594 del 26 de diciembre de 2007, expedido por el Alcalde Mayor, don Leoncio y su familia, han sido expropiados irónicamente “por razones de utilidad pública e interés social”.

Para mayor sorpresa y evidenciando el descaro e injusticia de estas expropiaciones, mientras el Distrito en el avalúo comercial que hizo del inmueble pretende pagarle a don Leoncio la suma de $ 41.736.072=, equivalente a $ 417.534= el M2, que con descuentos quedó en $ 220.000=;  a tan solo una cuadra de su casa, en la Calle 4ª con carrera 8ª, se empieza a desarrollar un proyecto de vivienda denominado Abadía de la Candelaria a un valor de $ 2.720.000= el  M2.

¡No hay derecho! con lo que recibirá don Leoncio y sus cuatro hijos, difícilmente encontrará en el mismo sector una vivienda de igual tamaño, sin contar las demás afectaciones que conlleva trasladarse a un barrio de la periferia de la ciudad, mientras otros disfrutan del territorio donde históricamente ha vivido.

Ante estos hechos, no se trata de estar en contra de la transformación del centro de la ciudad y oponerse a proyectos de renovación urbana que evidentemente son necesarios, lo que se reclama a la Administración desde una perspectiva democrática es lo propuesto por el Concejal Caycedo:

•    Suspender la aplicación del plan zonal del centro y del proyecto ciudad salud ya que no garantizan el derecho a la permanencia en los     territorios a los actuales habitantes y convocar una consulta popular para decidir el futuro del proyecto ciudad salud y el plan centro.


•    Declarar como patrimonio histórico todo el territorio que abarca el plan zonal del centro y el proyecto ciudad salud.

•    Diseñar un modelo alternativo incluyente de reconstrucción del área que comprende Ciudad Salud y el Plan Centro, concertando con las comunidades  los siguientes objetivos:

-          Garantizar los derechos de los habitantes históricos, en especial el derecho a la permanencia en el territorio y al trabajo.

-          Eliminar la segregación socio- espacial, permitiendo diversos usos del suelo y actividades económicas, los cuales se pueden mezclar y complementar.

-          Mejorar y transformar sustancialmente los barrios y los territorios con viviendas  y hábitat dignos, servicios públicos y sociales adecuados y de calidad, vías, transporte, etc.

-          Recuperar para las comunidades la red de hospitales públicos;  abrir y poner  en funcionamiento los hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. Estudiar la viabilidad de entregar el San Juan de Dios a la U. Distrital.

-          Garantizar los recursos financieros para  estos propósitos, para lo cual se podría crear un banco o un fondo de reconstrucción con recursos públicos y de cooperación internacional.

GBY/PCC

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