lunes, 2 de agosto de 2010

La infiltrada a la Corte Suprema.- Desde un micrófono oculto hasta la escolta penetrada

Por: María del Rosario Arrázola

El Espectador revela cómo durante largos meses el DAS se enteró desde asuntos familiares hasta los más duros debates de la Sala Plena.

Primero fue el empresario italiano Giorgio Sale, cuya captura en noviembre de 2006 despertó la inquietud del Gobierno por saber qué tan cercano era de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues más de una vez compartieron agasajos. Después fue el empresario huilense Ascencio Reyes Serrano porque aparecía como dadivoso promotor de homenajes a los jerarcas de la justicia sin que resultara claro ni su interés personal ni sus abultadas cuentas bancarias.

En el ocaso de 2007, el DAS ya intercambiaba información con la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) sobre los capitales de los magistrados y sus cuentas bancarias, celulares y propiedades quedaban bien documentados. Pero a pesar de las pesquisas y la filtración de documentos a los medios de comunicación para ganar en el pulso que sostenían Gobierno y Corte, no aparecían suficientes elementos para encontrar el talón de Aquiles del alto tribunal.

Entonces se desplegó una estrategia más temeraria: penetrar la Corte. Primero lo hicieron dos agentes de inteligencia entre los conductores y escoltas de los magistrados y después se logró el objetivo mayor. Con dinero, productos de primera necesidad y cupos escolares, un empleado de bajo rango aceptó colocar un diminuto micrófono en el salón donde sesiona la Sala Plena. Lo hizo y, desde ese día, el DAS invadió la vida privada y pública de los magistrados de la Corte.

El agente del DAS que con la apariencia de estudiante de derecho logró sobornar al empleado de la Corte ya confesó ante la Fiscalía su osadía. Sus compañeros que hicieron lo propio con escoltas y conductores también aceptaron su responsabilidad. Lo que era un secreto a voces y los magistrados sospechaban, ahora está judicializado. El Espectador conoció las principales grabaciones obtenidas por el DAS de forma ilegal en la Corte, las cuales reflejan hasta dónde llegó la filtración.

Además, en los reportes de seguimientos y escuchas ilegales a los jerarcas de la justicia, queda en evidencia que penetraron también a sus familias, que identificaron sus rutinas y gustos personales, que interceptaron sus correos y que hasta las bolsas de basura de sus residencias fueron examinadas. Fue tan audaz la operación del DAS contra los magistrados, que reportaron hasta sus conversaciones sobre los desacuerdos y desavenencias por las cargas laborales.

Las discusiones sobre la manida controversia de las tutelas contra las providencias judiciales, los avances en las investigaciones de la parapolítica y la farcpolítica, los debates internos por la necesidad de preservar el derecho de todos los medios de comunicación para conocer sus decisiones y evitar los reclamos de los periodistas “chiviados”, y hasta los pormenores de una reunión con el cardenal Pedro Rubiano, de todo se enteraba el DAS sin mayores apremios o riesgos.

Lo más absurdo es que con frecuencia los magistrados exteriorizaban sus sospechas de que los organismos de inteligencia del Estado merodeaban las instalaciones del alto tribunal o escuchaban sus conversaciones, y del otro lado los agentes del DAS lo dejaban consignado en sus informes. Con los mismos resaltados con que reseñaban las expresiones de los magistrados advirtiendo que iban a llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de la verdad, así fuera con el presidente Uribe.

La filtración fue real y ya existen en el proceso de la Fiscalía al menos siete testimonios de esta acción ilícita. Y un cúmulo de grabaciones y reportes de muchas horas de 2008 y 2009 en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en medio de sus labores cotidianas, fueron dejando el testimonio de una dura confrontación contra el Gobierno del presidente Uribe, con un telón de fondo que hoy explica la pugna: los escándalos de la parapolítica y la yidispolítica.

Un fiscal para investigar al ministro Sabas Pretelt

El 27 de mayo de 2008 hubo Sala Plena en la Corte. El DAS la escuchó toda y el tema crucial fue el impedimento del fiscal Mario Iguarán para investigar al ex ministro Sabas Pretelt. La grabación fue aportada en su integridad y en el reporte resumido quedó la esencia de la controversia.

Por ejemplo, el magistrado Alfredo Gómez opinó que la mejor opción era que asumiera el Vicefiscal, pero que la Corte debía dar un mensaje de estar muy pendiente del proceso. A su vez, el magistrado Jaime Arrubla agregó que había que hacerle el nombramiento del Vicefiscal.

Además, se le oyó decir que el sistema era tan perverso como dejar que el presidente Uribe mandara una terna en la que no iba a desaprovechar para incluir a tres amigos y acomodar todo a su manera. Días antes, el 9 de mayo, según un reporte del DAS, se le escuchó afirmar al magistrado Yesid Ramírez que no le cabía duda de que el Presidente tenía que ver con las amenazas de muerte en su contra.

En otra Sala del 17 de julio de 2008, el tema de fondo fue una reunión con el presidente Uribe. Después del reporte del entonces presidente Francisco Ricaurte, se armó el debate. Unos magistrados dispuestos a no quedar encasillados como opositores del Gobierno y otros preocupados por los términos de una reforma a la justicia. Del otro lado, el DAS se enteró de primera mano cómo estaban las opiniones de una Corte alterada por la confrontación con el Poder Ejecutivo.

De los temores a la tutela a los reclamos de Uribe

La sala del 10 de julio de 2008 fue candente. Y el DAS se enteró de que la primera discusión fue la tutela contra sentencias judiciales por un escenario concreto: una voz de alerta frente a eventuales fallos del Consejo de la Judicatura en el tema de la parapolítica. Y se le oyó decir a un magistrado que precisamente por esa misma vía se había salvado el Ministro de Protección Social. Otro más expresó su temor de que también se cayera la sentencia contra Yidis Medina. El tema quedó saldado en un consenso para no adoptar decisiones precipitadas, sino con buena temperatura.

Ese mismo día, el magistrado Francisco Ricaurte contó los detalles de su reunión con el Presidente en presencia del cardenal Pedro Rubiano. Y les contó a sus colegas que el presidente Uribe mostró su desacuerdo con el fallo contra Yidis Medina, porque esa era una manera de deslegitimar su gobierno. Además, recordó que él era quien decidía a quién debía extraditar o no. Pidió considerar como asunto de Estado la búsqueda de una solución para los desmovilizados paramilitares y tuvo tiempo para que hablaran del asunto del narcotraficante Giorgio Sale, sugiriendo a los magistrados que se investigaran.


María del Rosario Arrázola EL ESPECTADOR




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