Cerrar el DAS, como lo propone su director, sería ahogar la investigación de crímenes que conducen a la Casa de Nariño.
La contundencia de documentos y testimonios en poder de la Fiscalía sobre tropelías de este organismo en los últimos años, confirma una realidad de espanto: en la guerra política contra magistrados de las altas Cortes, opositores, sindicalistas, periodistas y organismos de Derechos Humanos, el paramilitarismo actuó como aliado funcional de la cúpula del DAS, no como infiltrado de ocasión. Y todo indica que con conocimiento de Palacio. Ingrediente terrorífico, el gatillo de la mafia disparó la brutalidad del órgano de seguridad del Estado que degeneró en policía política y cometió delitos de lesa humanidad. Hostigamientos, chantajes, tortura psicológica, sabotajes, montajes, autoatentados, uso de explosivos y asesinatos alcanzaron su mayor ferocidad cuando se puso en riesgo el poder absoluto y arbitrario del Gobierno. Se persiguió a magistrados tibios con la reelección de Uribe y a los que llevaban procesos por parapolítica. Mientras el DAS hostilizaba al senador Petro, el Presidente lo señalaba como terrorista vestido de civil. “Mi pecado fue mostrar las vísceras del poder político (asociado) con la fracción más salvaje del narcotráfico, el paramilitarismo”, explicaría el candidato de oposición.
Con el rigor que la distingue, María del Rosario Arrázola desenreda en El Espectador (mayo 2) el hilo grueso de esta madeja siniestra: hoy se sabe que los paramilitares se enlazaron con el órgano de seguridad dirigido por el Presidente, para infiltrar a la Corte Suprema mediante una empresa de seguridad privada llamada Control Total. Su gerente, Juan Felipe Sierra, asiduo de los consejos comunales de Uribe en Antioquia, resultó conectado con la banda de Don Mario; también lo estuvo Guillermo Valencia Cossio cuando fungía como director de Fiscalías en ese departamento. Seleccionada en 2003 por el Departamento Administrativo de Presidencia para brindar seguridad a jefes desmovilizados de las Auc, Mancuso comprendido, Control Total trabajó también con Victoria Restrepo, funcionaria de Acción Social de la Presidencia. Según Arrázola, en 2005 se supo que Jorge 40 conocía los operativos del DAS y las “listas de personas por asesinar”. El ex funcionario del DAS Rafael García probó que autodefensas de la Costa seguían delinquiendo amparadas por información del DAS y reveló que hubo listas de asesinados que salieron de ese organismo. “El paramilitarismo hizo de las suyas —escribe la investigadora— uniendo sus tentáculos a quienes le dieron el privilegio de escoltar a sus jefes, es decir, a Control Total”. Mancuso acaba de confirmar el montaje de Tasmania que se urdió contra el magistrado de la Suprema, Iván Velásquez, cabeza del proceso contra la parapolítica. Agregó que dos hombres suyos (de Mancuso) habían hecho el puente con el entonces director del DAS, Noguera. Y que Control Total había participado en la infiltración y seguimientos a la Corte Suprema.
Por su parte, El Alemán declara que Narváez, ex subdirector de la entidad y creador del G3, instaba a los ‘paras’ a exterminar a opositores, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos. Entre tanto, Uribe los trataba como “traficantes de Derechos Humanos”. En reciente debate parlamentario, el senador Avellaneda denunció que 124 educadores asesinados en los últimos tres años figuraron en listas negras del DAS. Acaso en un último intento por ocultar la fea verdad, el Presidente presiona el nombramiento del Fiscal de sus afectos y la extradición de otros dos jefes paramilitares que se llevarían el secreto de quiénes eran sus compinches en la cumbre del poder político, empresarial y militar. Con la clausura del DAS sellaría su homenaje críptico a la impunidad.
La contundencia de documentos y testimonios en poder de la Fiscalía sobre tropelías de este organismo en los últimos años, confirma una realidad de espanto: en la guerra política contra magistrados de las altas Cortes, opositores, sindicalistas, periodistas y organismos de Derechos Humanos, el paramilitarismo actuó como aliado funcional de la cúpula del DAS, no como infiltrado de ocasión. Y todo indica que con conocimiento de Palacio. Ingrediente terrorífico, el gatillo de la mafia disparó la brutalidad del órgano de seguridad del Estado que degeneró en policía política y cometió delitos de lesa humanidad. Hostigamientos, chantajes, tortura psicológica, sabotajes, montajes, autoatentados, uso de explosivos y asesinatos alcanzaron su mayor ferocidad cuando se puso en riesgo el poder absoluto y arbitrario del Gobierno. Se persiguió a magistrados tibios con la reelección de Uribe y a los que llevaban procesos por parapolítica. Mientras el DAS hostilizaba al senador Petro, el Presidente lo señalaba como terrorista vestido de civil. “Mi pecado fue mostrar las vísceras del poder político (asociado) con la fracción más salvaje del narcotráfico, el paramilitarismo”, explicaría el candidato de oposición.
Con el rigor que la distingue, María del Rosario Arrázola desenreda en El Espectador (mayo 2) el hilo grueso de esta madeja siniestra: hoy se sabe que los paramilitares se enlazaron con el órgano de seguridad dirigido por el Presidente, para infiltrar a la Corte Suprema mediante una empresa de seguridad privada llamada Control Total. Su gerente, Juan Felipe Sierra, asiduo de los consejos comunales de Uribe en Antioquia, resultó conectado con la banda de Don Mario; también lo estuvo Guillermo Valencia Cossio cuando fungía como director de Fiscalías en ese departamento. Seleccionada en 2003 por el Departamento Administrativo de Presidencia para brindar seguridad a jefes desmovilizados de las Auc, Mancuso comprendido, Control Total trabajó también con Victoria Restrepo, funcionaria de Acción Social de la Presidencia. Según Arrázola, en 2005 se supo que Jorge 40 conocía los operativos del DAS y las “listas de personas por asesinar”. El ex funcionario del DAS Rafael García probó que autodefensas de la Costa seguían delinquiendo amparadas por información del DAS y reveló que hubo listas de asesinados que salieron de ese organismo. “El paramilitarismo hizo de las suyas —escribe la investigadora— uniendo sus tentáculos a quienes le dieron el privilegio de escoltar a sus jefes, es decir, a Control Total”. Mancuso acaba de confirmar el montaje de Tasmania que se urdió contra el magistrado de la Suprema, Iván Velásquez, cabeza del proceso contra la parapolítica. Agregó que dos hombres suyos (de Mancuso) habían hecho el puente con el entonces director del DAS, Noguera. Y que Control Total había participado en la infiltración y seguimientos a la Corte Suprema.
Por su parte, El Alemán declara que Narváez, ex subdirector de la entidad y creador del G3, instaba a los ‘paras’ a exterminar a opositores, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos. Entre tanto, Uribe los trataba como “traficantes de Derechos Humanos”. En reciente debate parlamentario, el senador Avellaneda denunció que 124 educadores asesinados en los últimos tres años figuraron en listas negras del DAS. Acaso en un último intento por ocultar la fea verdad, el Presidente presiona el nombramiento del Fiscal de sus afectos y la extradición de otros dos jefes paramilitares que se llevarían el secreto de quiénes eran sus compinches en la cumbre del poder político, empresarial y militar. Con la clausura del DAS sellaría su homenaje críptico a la impunidad.
Se trata de Jorge Alberto Lagos y Fernando Tabares, que deberán responder por cuatro cargos, junto a otros tres ex funcionarios de la entidad.
La Fiscalía presentó el escrito de acusación en contra de los ex directores de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Alberto Lagos y Fernando Tabares, como presuntos copartícipes de los seguimientos y persecuciones ilegales en contra de magistrados, líderes opositores y defensores de derechos humanos.
La medida también cobija a los ex funcionarios del organismo de inteligencia, Gustavo Prieto, como ex subdirector de Análisis; a Luz Marina Rodríguez, en calidad de ex subdirectora Operativa, así como a Bernardo Murillo.
Los indiciados deberán responder a un Juez como presuntos responsables de los cargos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones agravada.
La acusación fue presentada ante un Juez de Conocimiento de Bogotá, en audiencia celebrada en el complejo judicial de Paloquemao, en el centro oriente de la capital de la República.
Recientemente, un Juez conocimiento aceptó la petición de acogimiento del principio de oportunidad a uno de los acusados por este escándalo, lo que le valió el cese de la acción penal que se adelantaba en su contra, a cambio de convertirse en el testigo estrella del caso.
Fuente
Paras liderados por 'don Mario' confiesan alianza con militares para realizar 'falsos positivos'El acuerdo se habría dado entre miembros de la Auc del Meta y el batallón 21Vargas.
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Ante una fiscal, 'Chatarro' y 'Julián', dos ex comandantes paramilitares que operaban en los Llanos orientales, dijeron que los bloques 'Centauros' y 'Héroes de los Llanos', al mando de Miguel Arroyave, entregaron al Ejército decenas de ex 'paras' y civiles muertos, que posteriormente habrían sido presentados por los uniformados como bajas en combate. Siga..
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