viernes, 29 de enero de 2010

El secretario general del Partido Comunista Colombiano Jaime Caycedo testificó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos


* Su testimonio ayudó a configurar caso por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en 1994, en el cual tomaron parte agentes del Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos escogió como testigo de cargo al concejal del Polo Democrático Alternativo y actual secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, dentro del proceso que adelanta por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas.

La Corte Interamericana admitió el caso a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que se encargó de su proceso de instrucción y presentación ante esta alta sala internacional. De acuerdo con el interés de la Corte, el testimonio de Caycedo apuntó a defender el rol trascendental que Cepeda Vargas jugó dentro de la Unión Patriótica y de su participación plena en las decisiones que esa organización tomó bajo la presidencia del asesinado Bernardo Jaramillo en torno al deslinde respecto de la lucha armada que la guerrilla continuó cuando se rompieron los acuerdos con el gobierno nacional de ese entonces.

“El gobierno de Uribe Vélez intentó presentar un argumento peregrino y perverso que trataba de perfilar un Manuel Cepeda culpable de su propia muerte por que supuestamente había sido un adalid y defensor permanente de la lucha armada. Esto no es cierto desde ningún punto de vista, pues Manuel formó parte integral de la dirección tanto del Partido Comunista como de la Unión Patriótica en el momento en que se decidió el deslinde total de la lucha política civil de las actuaciones armadas de la guerrilla. La tesis fue clara: seguiríamos nuestro camino como agrupación política civil en la búsqueda de la paz negociada, separada claramente de la vía armada, independientemente de que el conflicto continuara dadas las circunstancias de amenazas y persecución contra los reinsertados”, dijo Caycedo.

Otro aspecto central del debate ante la Corte Interamericana se centró en el intento del gobierno colombiano de desvincular el asesinato de Cepeda de los demás crímenes ocurridos contra la Unión Patriótica. “El alegato demuestra que el crimen de Cepeda no se puede explicar por fuera del contexto del proceso de exterminio de la UP. De hecho fue Manuel, como cabeza de un grupo de líderes políticos y congresistas, quien denunció públicamente y ante el gobierno mismo la existencia del plan “golpe de gracia”, que se concretó en el asesinato de Miller Chacón y de él mismo, y posteriormente en otros crímenes como el atentado contra nuestra concejal por ese entonces, Aida Abella, sin dejar de mencionar otros miembros de la UP que se encontraban en la lista que hacía parte de dicho plan”, explicó Jaime Caycedo.

De acuerdo con el concejal del Polo Democrático Alternativo, la Corte Interamericana se mostró interesada en conocer si el proceso de exterminio de la UP que llevó a la muerte, entre otros miles de personas, del senador Manuel Cepeda Vargas, continuó después de ese crimen e incluso preguntó al concejal Caycedo si él mismo se sentía hoy amenazado. “Al respecto respondí que el exterminio, casi 25 años después, aun continúa y hube de declarar los diversos atentados de que he sido víctima, incluida la persecución hostil e ilegal que miembros de la Sijin hicieron contra mí el año pasado, así como las amenazas que denuncié a finales del mismo año por cuenta de aparatos paramilitares que operan en la capital de la República”.

En opinión de Jaime Caycedo, la admisión del caso Manuel Cepeda por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un hecho histórico trascendental pues no sólo permite por fin dilucidar responsabilidades del Estado colombiano y de su fuerza pública en este crimen, sino que abre el camino a que los miles de atentados, desapariciones forzadas, torturas y demás vejámenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra los entonces militantes y simpatizantes del creciente fenómeno político en que se convirtió la Unión Patriótica, puedan al fin ver la luz de la justicia, de forma que el Estado colombiano se vea obligado no sólo a admitir su responsabilidad, sino a reparar debidamente a las víctimas y permitir que la verdad sea conocida por el mundo.

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