jueves, 21 de mayo de 2009

COMPAÑÍAS MINERAS INCURREN EN EVASIÓN FISCAL


BOLETÍN DE PRENSA


* Jaime Caycedo denuncia evasión fiscal. Mineras no cumplen Plan de Recuperación Morfológica y Ambiental (PRMA) a que están obligadas. Exigió fin de la explotación minera y pago por el daño ambiental y social que han ocasionado las compañías mineras.

La tragedia ambiental y social provocada por la inmisericorde y antitécnica explotación minera en la cuenca del río Tunjuelo estaba más que anunciada, dijo el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caycedo Turriago, quien además cuestionó el papel que la Secretaría de Medio Ambiente ha jugado hasta la fecha en el control de esta clase de explotaciones y exigió la supresión de estas minas a cielo abierto, así como la restitución ambiental de la cuenca a la que están obligadas las compañías mineras.

Basado en controles de advertencia emanados de la Contraloría Distrital y en informes de la Personería, Caycedo señaló que desde 2004 estas instituciones vienen dando claras señales de la tragedia ambiental y social que esta clase de explotación minera provocaría y que en efecto desembocó en un gigantesco alud que significa una gran amenaza para decenas de familias asentadas en la zona. “Un informe entregado por la Personería Distrital en septiembre del año pasado señaló que no existía plan alguno para prevenir la amenaza por remoción en masa y las inundaciones causadas por la actividad minera, tal como lo comprobó la realidad en el barrio Villa Jackie. En otros casos, las canteras han sido utilizadas como escombreras sin ningún plan técnico ni ambiental, generando nuevas amenazas y riesgos para la comunidad”, indicó Caycedo. Agregó que la situación ha sido tal que el propio Hospital de Usme, en algún momento, llegó a conformar un banco de alimentos para abastecer a los damnificados en caso de una emergencia, la cual finalmente llegó.

El documento citado por el concejal Caycedo agrega que “por si fuera poco, las canteras afectan a más de 826.000 habitantes de la ciudad que viven en sus cercanías que padecen el alto grado de emisiones de partículas de polvo, combustibles tóxicos o inertes capaces de penetrar los pulmones de las personas. Contaminan, además, ríos, causan pérdida de la diversidad biológica y la fauna propia de la sábana de Bogotá; generan cambios en el suelo, deslizamientos, hundimientos y formación de pantanos con la consecuente proliferación de agentes patógenos, zancudos y ratas”. Afirmó además que ninguna de las empresas explotadoras cumple el Plan de Recuperación Morfológica y Ambiental (PRMA) a que están obligadas.

Evasión fiscal

Caycedo Turriago cuestionó duramente la gestión que la ciudad ha cumplido a lo largo de los últimos 12 años respecto de la liquidación y cobro de las regalías que las tres principales compañías mineras que ejercen la explotación en el Tunjuelo debieron pagar. “Es inaudito que Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio, de propiedad de la Iglesia Católica, hayan explotado sin consideración alguna los recursos minerales del Distrito Capital y hayan cancelado radículas regalías por este depredador ejercicio. La Contraloría Distrital ha advertido que nada más en el período que va de 1995 a 2003, la evasión calculada, sin contar intereses, equivale a $3.669 millones, pues las compañías cancelaron escasamente $91 millones anuales. Para que tengamos un parámetro de referencia del asalto a las finanzas públicas, una sola de esas firmas, la Fundación San Antonio de la Iglesia Católica, demandó al Distrito por la suma de $60.000 millones equivalentes, según sus propios abogados, a lo que dejaron de percibir por ventas durante cuatro años, como consecuencia de la inundación que ocurrió en su cantera en el año 2002 a raíz de obras realizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado”, denunció Caycedo. Todo esto sin contar el pasivo ambiental que ha provocado esta antitécnica explotación a cielo abierto, cuyo monto la Contraloría Distrital calcula en $300.000 millones en caso de que el Estado asumiera la recuperación morfológica y ambiental de la zona.

“Lo más vergonzoso de todo este asunto es que tanto el Ministerio de Ambiente como la Secretaría del ramo en Bogotá han hecho anuncios pomposos de resoluciones y acciones diversas para frenar esta inhumana explotación. El ministerio expidió la resolución 222, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, donde declara a la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional y les asigna de manera prioritaria una destinación agropecuaria y forestal. No obstante, permite la explotación minera en el río Tunjuelo. La resolución aclara que sólo se podrán desarrollar actividades de minería en aquellas áreas de la Sabana donde los efectos o impactos ambientales puedan ser satisfactoriamente prevenidos, controlados, mitigados, corregidos y compensados, y donde dichas actividades no produzcan deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, ni introduzcan modificaciones considerables o notorias al paisaje. Me pregunto entonces ¿cómo pudo ocurrir la tragedia de Villa Jackie?”, dijo Jaime Caycedo

Finalmente Caycedo exigió a la Secretaría de Medio Ambiente que cumpla con rigor y total responsabilidad el control que le compete. “El doctor Nieto Escalante anunció el año pasado, con bombos y platillos, que a las canteras ilegales les había llegado su hora y que próximamente anunciaría las sanciones, incluido el cierre de varias explotaciones. ¿Dónde están esas medidas? ¿Vamos a esperar otro alud y la pérdida de vidas humanas, o mayores impactos negativos en la salud y el equilibrio ambiental de la ciudad?”, culminó el concejal del Polo Democrático.

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