miércoles, 3 de diciembre de 2008

En Medellín, "Prohibido enterrar la verdad"

En Medellín, "Prohibido enterrar la verdad"








El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en primera instancia sancionó por 20 años de destitución e inhabilidad al ex fiscal Iván Piedrahita, declarado insubsistente por el fiscal general, tras haber ordenado investigar los datos de los estudiantes de varias universidades.


Caracol Radio conoció que la sanción fue impuesta ya que se hallaron pruebas de una supuesta irregularidad en un allanamiento cuando se desempeñó como fiscal en Fusagasugá.


Según la investigación el funcionario habría incurrido en una falta gravísima al evidenciar que habría cometido una falta al someter a una o varias personas a privación de la libertad.


La determinación fue apelada por el destituido fiscal, por lo que el proceso se encuentra en manos del Consejo Superior de la Judicatura.


En el trámite para el fallo de segunda instancia fue encargada la magistrada Julia Emma Garzón, quien tiene en su poder el expediente con miras a expedir un proyecto de fallo que será sometido a la sala disciplinaria del Consejo Superior.






Los atropellos denunciados por las organizaciones se inscriben en un marco de vulneración de los derechos económicos sociales y culturales, de impunidad institucionalizada ''y de ataques a la independencia del poder judicial'' de Colombia, reitera un informe creado por las organizaciones de la sociedad civil.


El Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizará el primer Examen Periódico Universal (EPU) acerca de la situación en Colombia, indicaron este martes en Bogotá las plataformas de las mil 200 organizaciones del país que cooperan en la rendición de cuentas sobre esta materia.


La reunión se celebrará será el próximo 10 de diciembre en Ginebra (Suiza), en la que 47 países del mundo analizarán un informe elaborado por el Gobierno colombiano, otro que recopila las 27 recomendaciones de la ONU para la nación sudamericana en DD.HH. y un tercero y último, creado por las organizaciones de la sociedad civil.


Estas últimas, asistirán en calidad de observadoras al discurso que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, estará pronunciando para tratar de defender las últimas acciones de violación de esta materia que han ocurridos en la nación.


Las organizaciones expusieron este martes a los medios de comunicación, un documento en el que plantean los diez puntos que se tendrán en cuenta durante la evaluación.


Por medio del documento se pone de manifiesto que desde la llegada de Uribe al mandato, en 2002, 13 mil 634 personas murieron "fuera de combate" dentro del conflicto que vive actualmente Colombia, pese a que el mismo gobierno se niegue a reconocer la existencia de tantos crímenes.


Además, señala que en el país existe un drama en cuanto a la violencia sexual que acompaña al conflicto y a la existencia de niños soldados, estimados en más de 8 mil.


En referencia al desarme de los grupos paramilitares que proclama el Gobierno, las organizaciones indicaron en su informe que a finales del 2007 cerca de 9 mil guerrilleros se dedicaban a estas facciones de ultra derecha.


Con respecto al desplazamiento forzado, que se aproxima a 4 millones de colombianos, añade que durante el primer semestre de 2008 aumentó en un 41 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.


Esto supone que mil 503 personas dejaron sus hogares, sin que el Estado garantice la protección de sus derechos.


Asimismo, la el número de asesinatos a sindicalistas creció en 2008 al alcanzar los 42 muertos y superar los 37 del año anterior.


Todos estos atropellos denunciados por las organizaciones se inscriben en un marco de vulneración de los derechos económicos sociales y culturales, de impunidad institucionalizada "y de ataques a la independencia del poder judicial" del país, reitera el informe.


En tanto, el representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU), Alberto Yepes, explicó que "nada garantiza un informe favorable" de la ONU, debido a que el Gobierno ha buscado en todo el mundo adjudicarse un "certificado de buena conducta" en materia de DD.HH.


De no considerarse el documento, agregó, podría "ser nefasto para la sociedad colombiana" y ahondar la crisis humanitaria del país.


Un trineo formado por Italia, Burkina Faso y Bahrein enunciará el próximo día 15 de diciembre un veredicto preliminar respecto al EPU de Colombia.


A pesar que las decisiones del Consejo no sean vinculantes, las organizaciones sociales señalan que conformarán el marco a seguir por los Estados en las relaciones multilaterales con Colombia.


"Mientras los sindicalistas sigan siendo asesinados, mientras las ejecuciones extrajudiciales se incrementen mientras la represión a las demandas de los movimientos sociales e indígenas se contesten a balazos, no se crea un buen ambiente para abrazar tratados de cooperación económica", añadió Yepes.


Para concluir, demandaron que las recomendaciones de la ONU respecto a los Derechos Humanos de Colombia deben obtener un estatus de alto nivel y se deben articular, a partir del EPU, estrictos mecanismos de vigilancia y monitoreo.



INTERNACIONAL



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