domingo, 2 de noviembre de 2008

Levantamiento simultáneo de empleados públicos

COMUNICADO

En las últimas semanas el país ha visto el levantamiento simultáneo de empleados públicos de la rama judicial, de los corteros de caña del Valle del Cauca y de pueblos indígenas de siete departamentos. De manera pacífica, y en uso del derecho legítimo a la protesta que les asiste, las asociaciones que representan los intereses de estos grupos han expresado su malestar frente a la situación crítica por la que atraviesan sus integrantes: el incumplimiento de las leyes laborales en el caso de los sindicatos de trabajadores, la inexistencia del trabajo digno entre los corteros de caña y el despojo de las tierras que históricamente le pertenecen a las comunidades indígenas y que el Estado se ha comprometido a reconocerles legalmente. Sin embargo, el Gobierno, en vez de proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 1991 a la libre expresión de las posiciones políticas y a la libre asociación, persiste en asociar todo tipo de protesta con un acto criminal, poniendo en peligro a los dirigentes de estas movilizaciones políticas y vulnerando su derecho a la protesta legítima. En Colombia existe una larga tradición de deslegitimación de los movimientos sociales por parte de los gobiernos y las fuerzas armadas.
El Estado colombiano tiene una deuda con los diferentes intentos de oposición que se han presentado en el país. En casos lamentables, el Estado ha sido incapaz de garantizar el ejercicio de la oposición y de abrir un espacio inclusivo para el libre debate democrático: durante la década de los ochenta fuimos testigos inermes de la desaparición de todo un movimiento político que intentaba incluirse en la vida pública por medio de las vías de representación política. La vinculación de las protestas sociales con actores armados del conflicto colombiano en la que insisten algunos sectores de opinión, pone a los líderes de estas movilizaciones en una situación de vulnerabilidad frente a los excesos de los grupos de extrema derecha que operan en el país. A través de este comunicado queremos expresar nuestra posición en la actual coyuntura política.

1. La actual estrategia de polarización de la opinión pública que se adelanta desde las más altas dignidades del Gobierno solo contribuye a reproducir la exclusión en la participación política que impide la superación efectiva del conflicto y reemplaza el debate argumentado de las ideas por el ejercicio de la violencia. Nos oponemos por completo a que las manifestaciones pacíficas de oposición sean calificadas como ilegales y transgresoras del Estado Social de Derecho cuando, por el contrario, son la expresión más saludable de la democracia. El sentido de las movilizaciones y la respuesta del Gobierno son muestras de la permanencia de la exclusión y la marginación a que estos grupos de oposición han estado históricamente sometidos.

2. Respaldamos las acciones que en problemas fundamentales para toda la nación, como la distribución de la tierra y las condiciones del trabajo, llevan a cabo las organizaciones dentro de los límites de la participación política que debe garantizar el Estado sin distingo de credo religioso, político, orientación sexual o pertenencia étnica. A los pueblos indígenas de poco les sirve la titulación de tierras si los agentes armados al margen de la ley –y dentro de ella– los hostigan y asesinan, así como permanentemente ejercen presión para desplazarlos de sus territorios; los corteros de caña de azúcar no gozan efectivamente de sus derechos laborales y fundamentales cuando su trabajo está inscrito en unadenigrante economía varios de cuyos visos semejan al esclavismo; los empleados de la justicia, elemento esencial para el funcionamiento del Estado, se ven atacados cuando el Gobierno incumple los compromisos que legalmente había adquirido.

3. Del mismo modo, expresamos nuestro más categórico rechazo al uso de la violencia como una forma de la lucha política, cuestión en la que, justamente, coinciden los movimientos de oposición que se han manifestado en las últimas semanas. Así pues, las acusaciones del Gobierno en las que relaciona a los líderes de las marchas y de las protestas como infiltrados de los grupos armados ilegales no solo carecen de fundamento sino que ponen en riesgo las vidas de individuos que están ejerciendo el libre derecho a la expresión tan caro a nuestro sistema político.
Con estas líneas, queremos llamar la atención sobre la virulencia del actual escenario de la política en el país. Es imperativo para todos los participantes abandonar las acusaciones infundadas para desprestigiar al contrincante político, el cruce de improperios que no tienen cabida en el encuentro de ideas y, sobre todo, la estigmatización de los miembros de la oposición. Los Departamentos y estudiantes de Antropología abajo firmantes, transmitimos así nuestra insatisfacción frente a cómo se está dando la política en la situación actual y hacemos un llamado para que los argumentos venzan la violencia y, de una vez por todas, cese la estigmatizacion del derecho a la protesta y se reconozcan las causas estructurales del inconformismo social.
Queremos finalizar exigiendo al Gobierno la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y afirmando que Apoyamos la MINGA INDÍGENA y los 5 puntos propuestos por esta:

1. Denunciar al TLC y al modelo de desarrollo, como una trampa inconsulta, un negocio entre cinco socios y una entrega de la vida y la libertad y hacemos un llamado al mundo a no firmar nada con estas condiciones.

2. Frente a la legislación actual, que es una legislación del despojo, pedimos que se derogue la Ley Forestal, según la misma sentencia C-030 de la Corte Constitucional y que se inicie un proceso de iniciativas legales populares o consultadas con los pueblos.

3. Frente al terror, la parapolítica y la guerra, pedimos la verificación internacional legítima, la acción consecuente y la protección de los pueblos frente al Estado y al régimen.

4. Frente a los convenios, pedimos su inmediato cumplimiento con veeduría.

5. Frente a la ausencia de la democracia, pedimos las condiciones y recursos necesarios para que los pueblos hagamos nuestra agenda, y construyamos una institucionalidad que vaya reemplazando ésta del terror y del despojo.

Firmado
EPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD EXTERNADO, DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDADEXTERNADO, ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.



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