miércoles, 20 de agosto de 2008

CONSTANCIA DEL CONCEJAL JAIME CAYCEDO


En el día de ayer, 19 de agosto, el esquema de seguridad que me acompaña por disposición de la CIDH, advirtió que era objeto de seguimiento por parte de dos taxis, un automóvil sprint gris y una moto. El seguimiento había partido del propio Concejo Distrital desde la mañana, hasta la sede del Partido comunista colombiano y posteriormente hasta mi residencia. En ese trayecto, pudimos confirmar que se trataba, efectivamente, de un seguimiento. Al llegar a mi casa pudimos comprobar que el dispositivo se había ubicado en las calles aledañas. Decidí confrontar el hecho, abordando a los individuos que ocupaban los vehículos y la moto. Los dos taxis huyeron, sin explicación. Con el apoyo del DAS confirmamos que se trataba de un operativo de la Dijin, dependiente de la dirección nacional de la Policía, no de la policía metropolitana, que efectuaba el operativo, con la excusa del seguimiento a un narcotraficante. No entiendo por qué una parte del operativo decidió escapar, sin identificarse.



Asombra que entre los aparatos de seguridad del Edo ni se coordinen ni informen entre sí. Asombra que la propia policía carezca de coordinación, entre la dirección nacional, la policía metropolitana y el numeroso destacamento de seguridad que atiende el Concejo de Bogotá. Pero, sobre todo, asombra que un concejal de la ciudad sea objeto de un operativo semejante y se me diga que simplemente se trató de un error, con excusas absolutamente fantásticas.



En realidad fui seguido cuando me desplazaba en un vehículo del Concejo, con un escolta motorizado con uniforme y saliendo del recinto. Varios facilitadores de paz, defensores de derechos humanos, sindicalistas y activistas de la oposición, han sido objeto de ese tipo de seguimientos. La excusa de que son operativos contra delincuentes comunes lo hemos conocido los últimos meses en otros casos, vinculados a amenazas y presiones, por ejemplo, contra Iván Cepeda, del Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado y el abogado Miguel González, defensor de presos políticos, quien tuvo que abandonar el país por amenazas a su vida. Sabemos que un operativo semejante estuvo en la preparación logística de la desaparición de Guillermo Rivera Fúquene, posteriormente ejecutado extrajudicialmente.


Hemos denunciado en las últimas semanas los allanamientos ilegales, con simulación de atracos, para robar discos duros y portátiles, con total desprecio por bienes de valor y con insultos a las personas afectadas como “guerrilleros” o “terroristas”. Han asaltado las oficinas de Reiniciar, una de las entidades demandantes del genocidio de la UP; sindicatos, apartamentos de dirigentes estudiantiles y oficinas de la JUCO. Buscan, supuesta e ilegalmente, información para alimentar los procesos políticos contra parlamentarios y dirigentes de la izquierda.


Lo más grave es que todas estas cosas están ocurriendo en nuestra ciudad, de cuya seguridad los concejales somos responsables. Yo reclamo investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía y la Personería sobre el papel de estructuras del Estado en operaciones encubiertas o semi encubiertas, cuya directriz operativa pone en riesgo los derechos constitucionales, las libertades públicas y los derechos humanos.

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